lunes, 9 de marzo de 2009

Mozo, ¿cuál es mi mesa y quién paga la cuenta?

Dr. Eduardo Aldunate Lizana
Profesor de Derecho Constitucional
Escuela de DerechoPontificia Universidad Católica de Valparaíso

En el último tiempo, los chilenos hemos sido protagonistas y testigos de una notable falta de criterio en materia política. Como ejemplo pueden presentarse dos puntos de la agenda legislativa en materia electoral que representan, uno un evidente candor o ingenuidad práctica, y el otro un detrimento importante al sistema democrático, y, no obstante ello, no han generado mayor debate en la ciudadanía.

La idea de inscripción automática y voto voluntario ha prendido en diversos sectores del espectro político (no tanto así en los eventuales beneficiados con esta medida, si es que de beneficio podemos hablar). Hay muchos argumentos a favor del voto voluntario, relacionados en lo fundamental con la idea de la movilización política responsable -la motivación necesaria para hacer que el o la votante concurra a sufragar porque siente que debe apoyar a un/a candidato/a determinado/a, y no simplemente por eximirse de la sanción y, llegado el momento de marcar su preferencia, elegir cualquiera, la más vista, dejar el voto en blanco o entregarse a un momento de solaz artístico.

Pero la inscripción automática no pasa de ser un volador de luces. En efecto, ¿qué significa inscripción automática? En términos de su efecto jurídico, puede decirse que conlleva la incorporación de la identidad del elector al padrón electoral en cuanto cumple los requisitos verificables por el respectivo servicio que, en nuestro caso, será básicamente la edad de aquél o aquella cuya nacionalidad no se presente, en principio, como dudosa. Podemos pasar por alto, aquí y por ahora, la cantidad de problemas que puede traer la verificación del requisito de nacionalidad en algunos casos; pongámosle, como decía la antigua y popular canción, que ya nos hemos enterado de eso. Pero esta incorporación automática (¡qué bien, qué cibernética o informática, qué plug & play que suena!) al padrón electoral no lo es tal. Porque al menos mientras se mantenga en lo material nuestro actual sistema de votaciones, siempre será necesario saber dónde votará este angelito o angelita que tan expeditamente ha sido incluido como ciudadano/a elector/a. Afortunadamente, no tenemos en Chile un registro de domicilio o residencia obligatorio, como existe en algunos países, que nos obligue siempre a declarar dónde estamos viviendo cuando llegamos a una localidad para establecernos en ella o cuando la abandonamos de manera permanente. El proyecto contempla que la inscripción se asociará al domicilio que se indique al momento de solicitar la cédula de identidad, la que usualmente se pide con anterioridad a los 18 años de edad, y dando un domicilio que muchas veces no perdura. De este modo, el/la ciudadano/a automáticamente inscrito/a como elector/a que ya no viva en la localidad donde pidió su cédula de identidad deberá, no tan automáticamente, dirigirse a las “juntas de actualización” que contempla el proyecto, para cambiar su domicilio cuando quiera efectivamente votar. La pregunta que cabe hacerse es, entonces, la siguiente: conociendo los hábitos de nuestros ciudadanos, ¿no será razonable pensar que este sistema, que quizás podría llegar a permitir la expresión del voto voluntario, podrá decaer ante la falta del trámite de actualización del domicilio -no tanto por no ingresar al sistema de sufragio obligatorio, como podría pensarse de la actual inscripción, sino no por mera desidia en practicar dicha actualización antes de las elecciones en que pudiese ser movido a votar el ciudadano?

La cuestión del voto de los chilenos en el extranjero es otra de esas estupideces que de cuando en cuando, por hacerse moda, están en boca de todos y de acuerdo a apotegmas clásicos del tiempo de Aristóteles (“si todos piensan igual, su grado de razón habrá en ello”) nos empiezan a sonar inteligentes. Pero no.

Si la cuestión fuese simplemente el solucionar la posibilidad de votar para ciudadanos que ocasional y circunstancialmente están fuera de Chile en el momento de la elección, la afirmación anterior sería desmedida, y la medida podría considerarse razonable. Pero el problema es otro. Se busca dar voto a los/las chilenos/as que viven, que residen de manera permanente en el extranjero. ¿Cuál es el problema? Bueno, uno casi trivial: nuestros estados son organizaciones políticas de carácter territorial; extienden sus potestades dentro de sus límites. Por lo tanto, las decisiones de la autoridad afectan a quienes se encuentran dentro de esos límites y sólo con un alcance muy parcial, mínimo, a quienes están fuera del territorio estatal. Por otro lado, la idea de democracia se sustenta básicamente en el principio de que el poder radica en la comunidad que va a ser afectada por su ejercicio. La cuestión de la nacionalidad entra a tallar aquí en la medida en que se asume que el conjunto de nacionales por regla general coincide con la comunidad de intereses y propósitos de la comunidad nacional en un territorio determinado (de ahí esa cancioncita del “Estado-Nación” que en realidad es una bazofia y sólo tiene sentido práctico como estado territorial). Pero otorgar derechos de participación a quienes no son parte de la comunidad que se verá afectada por el resultado de la decisión es un gesto de irresponsabilidad política, ya que la participación de esas personas será siempre y por definición irresponsable. Aunque el o la votante chileno/a radicado/a en el extranjero sea un/a patriota de corazón y preocupado/a de su país, y aunque vote tras una prudente y, si se quiere, “responsable” reflexión, no podrá ni aunque quiera (a menos que vuelva), no tendrá que soportar las consecuencias de su voto, sino aquellas de los ciudadanos y ciudadanas del país en que vive. Por regla general no será a los o las chilenos/as residentes en el extranjero a quienes afectarán las políticas en materia de educación y salud del gobierno de Chile, las decisiones en materia de alza o (en el plano de la ciencia ficción) disminución de impuestos, los éxitos o fracasos en materia de contención de la delincuencia, la opción por una u otra alternativa de generación de energía, etc., etc. etc. ¡Qué lindo vivir en Suecia y votar por un gobierno de centroderecha en Chile! Y el último grado de la estupidez sería pensar que, con la cantidad de chilenos que viven fuera de Chile, su voto no pudiese ser determinante en el futuro para inclinar de manera decisiva la balanza electoral -y entonces, las consecuencias políticas- hacia uno u otro lado.

Si de todos modos se insiste en la idea, ni modo. Pero, entonces, que los chilenos en el extranjero paguen impuestos en Chile. Al menos, en la misma proporción, aquí, que, aquella en la que contribuyo yo, que tengo el mismo voto que quiere dárseles a ellos, allá.